Solo un 23% de los hogares españoles tiene instalado un detector de humo, según la encuesta realizada por Fundación MAPFRE a una muestra de más de 2.000 personas mayores de 18 años sobre la utilización de detectores de humo.
También revela que en España estos dispositivos son más frecuentes en hogares de personas jóvenes (uno de cada tres) que en los de personas mayores (menos de uno de cada cinco), lo que evidencia una brecha generacional en la prevención. Asimismo, es más elevado este porcentaje en el caso de las familias españolas con mayores ingresos y con estudios superiores.
Otra de las conclusiones es que seis de cada diez entrevistados creen que estos detectores deberían ser obligatorios, porcentaje que asciende al 76% entre quienes ya los tienen. Jóvenes, mujeres y personas con mayores ingresos son quienes más apoyan esta medida, mientras que solo una de cada seis personas se muestra totalmente en desacuerdo con su implantación.
Equipar 20 millones de viviendas supondría una inversión de unos 400 millones de euros. A cambio, se salvarían entre 875 y 900 vidas en la próxima década , lo que se traduce en una rentabilidad social de 1.700 millones de euros
Durante la presentación del informe ‘Víctimas de Incendios y Explosiones en España 2024’, elaborado por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y Fundación MAPFRE, el director de Prevención y Seguridad Vial de esta última, Jesús Monclús, lanzó una comparación que da bastante que pensar. Recordó que, igual que hoy el 95% de los conductores utiliza el cinturón de seguridad -lo que ha reducido sensiblemente la probabilidad de fallecer en accidente de circulación-, en los hogares debería ocurrir algo parecido. Sin embargo, «solo uno de cada cuatro hogares está protegido con los detectores». O, dicho con sus palabras, tres de cada cuatro viviendas siguen desprotegidas, una situación similar a la que vivía Estados Unidos en 1977, hace nada menos que medio siglo.
Y es que, más allá de la protección personal, el detector de humo tiene un impacto económico notable. Con un coste aproximado de 20 euros por unidad, el cálculo de Monclús indica que equipar 20 millones de viviendas supondría una inversión de unos 400 millones de euros. A cambio, podría salvar entre 875 y 900 vidas en la próxima década (el tiempo de duración estimado de la batería de estos artilugios), lo que se traduce en una rentabilidad social de 1.700 millones de euros.
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