El incendio de un edificio de viviendas en el barrio de Campanar de Valencia, el pasado 22 de febrero, puede suponer un punto de inflexión en cuanto a diseño y materiales empleados en este tipo de construcciones, así como sobre la conveniencia de establecer la obligatoriedad de sistemas de prevención y alarma de incendios en edificios residenciales, que eviten el fallecimiento de personas y logren aminorar las consecuencias de un incendio como este.
Las primeras pesquisas oficiales apuntan a un fallo eléctrico en un domicilio como la causa del origen del siniestro. A su rápida expansión, más allá del interior de la vivienda donde se originó, podría haber contribuido de manera decisiva otros elementos constructivos, junto a fuertes rachas de viento.
Pero, afortunadamente, no siempre este tipo de siniestros tiene la misma evolución como ha tenido el de Campanar. En este sentido, cabe preguntarse cuáles son los principales aspectos que inciden de forma habitual en un incendio. Obviamente, sin tener los datos exactos sería arriesgado pronunciarse sobre el mismo, pero sí puede ser orientativo para este tipo de siniestros conocer la opinión de Peritos de Seguros expertos en la materia.
Así, como explica Esther Puchades Alarcón, directora de Gravitas Expertise, SL y destacada miembro de APCAS, “mi experiencia me dice que, para producirse un incendio como este, confluyen varias circunstancias coetáneamente. Es decir, influyen los materiales existentes alrededor del foco del incendio. Puede afectar el diseño arquitectónico del edificio, tanto si es de vivienda como si es nave industrial, ayudando a la propagación, puede ser que las condiciones meteorológicas del momento ayuden a la virulencia y puede ser que todas las causas unidas hagan que un incendio avance con mayor o menor intensidad”.
Daniel Ezcurra Tosso, director general de Riesgos, Tasaciones y Servicios, S.A. (RTS), gabinete pericial miembro de APCAS, coincide en señalar que “los principales aspectos serían la carga combustible, es decir, los materiales constructivos del edificio, y la meteorología, el viento existente en ese momento, que afectan directamente en la dinámica de la propagación del fuego”. Por otro lado, “otros aspectos, como la falta de o el mal mantenimiento, o un difícil acceso de los bomberos para sus labores de extinción, pueden también incidir negativamente en el desarrollo y propagación de un incendio”.
Desde Sedgwick, Benjamín López y Francisco Peydró del Departamento de Construcción de este gabinete, también miembro de APCAS, señalan que “los materiales de construcción, el diseño y la sectorización, juegan un papel crucial en la propagación de los incendios. De hecho, en la normativa actualmente vigente, el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su documento básico sobre seguridad en caso de incendio, centra sus dos primeras secciones en la propagación interior y exterior de los incendios, donde, entre otros aspectos, condiciona el tipo de materiales a utilizar en los revestimientos interiores de la edificación, fachadas y cubiertas, en función de su reacción al fuego”.
Todo apunta, pues, siempre desde la precaución de no manejar los datos oficiales, que la composición de los materiales utilizados y la influencia del viento marcaron la magnificación de un incendio que, en otras circunstancias, seguramente no debería haber traspasado la barrera de la vivienda donde se originó.
Y son muchos los ciudadanos que viven en edificios similares al siniestrado a los que les surgen grandes dudas sobre la fiabilidad de sus casas. La fuerza mediática de este evento llevó, incluso, a que se incrementara de manera muy considerable la demanda de medios de prevención y extinción de incendios, no solo para comunidades de vecinos, sino también para viviendas particulares.
Pero, realmente, ¿qué posibilidades existen de que se repita un siniestro similar? Para Esther Puchades, “en este momento no hay censo de edificios construidos de la misma forma y no solo el censo daría conocimiento de las posibilidades de un siniestro de similares características, sino igualmente unas condiciones y circunstancias del origen del incendio y condiciones meteorológicas y otras variables que hayan podido afectar en el incendio del edificio de Campanar”.
Daniel Ezcurra cree que “con las normativas constructivas y el Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITCs actuales, las probabilidades de un nuevo suceso así son bajas”, mientras que desde Sedgwick comentan que “en este punto, hemos de ser cautos, es preciso que la investigación que se está realizando sobre el porqué de los hechos arroje las conclusiones acerca de la forma en la que se produjo y se propagó el incendio. A partir de ahí, sería necesario analizar en qué escenarios se dan ese tipo de circunstancias conjuntas”.
El Perito de Seguros y la prevención
Sin duda, la experiencia que pueden aportar los Peritos de Seguros a la hora de prevenir grandes siniestros como este constituye un valor añadido excepcional. Como señala Esther Puchades, “estoy convencida de que los Peritos de Seguros, no por ser específicamente de seguros, sino por todo lo que implica peritar siniestros, somos el colectivo más dotado en cuanto a conocimiento de cómo no deben de hacerse las cosas o cuáles son las circunstancias que se han producido para originar un siniestro y esta documentación sería muy interesante poder trasladarla a entidades con competencias superiores que puedan tomar decisiones a la hora de hacer modificaciones de los reglamentos de seguridad”.
En la opinión de esta Perita de Seguros, miembro de la Comisión Ejecutiva de APCAS, “el Estado podría hacer una dotación económica para que se aporten las circunstancias de diferentes siniestros y catalogarlos de alguna forma para tenerlos como referencia. Esto implicaría un estudio más profundo para ver, no solo el importe que haya supuesto un siniestro concreto, sino igualmente el riesgo inherente que pueda llevar y la posibilidad de su ocurrencia”.
“La pericia aseguradora puede contribuir analizando en detalle las circunstancias y causa del incendio y comparándolas con históricos de otras pericias de incendios similares” (Daniel Ezcurra)
Desde RTS, Daniel Ezcurra señala algo muy parecido, ya que considera que la pericia aseguradora puede contribuir “analizando en detalle las circunstancias y causas del incendio y comparándolas con históricos de otras pericias de incendios similares, buscando o extrayendo en este caso puntos negativos en común que puedan ser trasladados a las compañías de seguros y/o tratados en conferencias del sector de la construcción, contraincendios, brókeres, etc., para su análisis”.
En estas circunstancias “es importante que el perito evalúe aspectos como la hora del incendio, climatología, aviso y tiempo de llegada de los bomberos, ubicación y altura del edificio, que pueden hacer compleja la actuación de los bomberos, materiales constructivos del edificio, o el estado de los sistemas contraincendios como su señalización, mantenimientos, hidrantes disponibles, etc.”. Respecto a la causa del siniestro, Ezcurra recomienda “contratar un gabinete experto en investigación de incendios para determinarla de la manera más precisa que se pueda y analizando qué falló y cómo pudo evitarse, ya sea por negligencia humana, fallo de materiales, defectos o ausencia de protecciones o falta de un sistema contraincendios adecuado para el riesgo, aunque el existente cumpliera normativa”.
Para Sedgwick, “una forma de prevenir estos percances sería la realización de verificaciones de riesgo pormenorizadas que permitieran evaluar el comportamiento de los edificios en escenarios extremos, como es el incendio”, como señalan Benjamín López y Francisco Peydró.
Recomendaciones
Y es que en un incendio de esta magnitud el objetivo prioritario, tras atender y poner a salvo a las víctimas, como es obvio, es agilizar el resarcimiento de los daños materiales sufridos por los perjudicados. Y en esta singladura, el papel del Perito de Seguros resulta crucial. Para facilitar su trabajo, Esther Puchades recomienda en casos como este “que los vecinos llegaran a un acuerdo en cuanto a la recuperación del edificio, en la medida de lo posible y, si queda acreditado que la estructura es salvable, proceder con la rehabilitación del edificio con las mismas distribuciones de viviendas y respetando la misma situación. Se pueden obtener las mediciones y partidas de la construcción del proyecto original, con asesoramiento de un nuevo gabinete de arquitectura donde se establezcan los cambios por normativa que le afecten y se pueda estudiar dicho presupuesto, según convengan en su reconstrucción actualmente”.
Por ello, “conviene que los asegurados se dejen asesorar por el perito de la comunidad designado de forma particular y también por los peritos que de forma individual se hayan contratado, así como confiar en las aseguradoras y los peritos designados por estas, que como límite de indemnización tienen la suma asegurada. En este sentido, una demolición del edificio perjudicaría, frente a una rehabilitación, ya que siendo la indemnización total la suma asegurada, podría resultar insuficiente para el caso de demolición y reconstrucción integrales”. Hay que recordar que la póliza del inmueble, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, tenía una suma asegurada de 26.511.540,32 euros en cuanto a la edificación y otros 31.266 euros por el mobiliario comunitario.
Daniel Ezcurra señala que “en el caso que contar con un aseguramiento particular que cubra la totalidad del daño causado al continente afectado, es recomendable que se solicite el pago íntegro por parte de cada particular a su aseguradora para que sea esta la que posteriormente reclame en acción de recobro el porcentaje correspondiente a las otras aseguradoras con interés sobre el riesgo. Resulta prioritario facilitar con la mayor premura la entrega de la documentación que se le solicita al asegurado por el perito actuante”. En cualquier caso, “se deben simplificar los interlocutores, debiendo concretarse, a ser posible, un único interlocutor nombrado por los afectados que en muchos casos suele ser el administrador de fincas del inmueble”.
Por su parte, Benjamín López y Francisco Peydró indican que “cuando nos enfrentamos a intervenciones con grandes magnitudes de daños, los asegurados requieren de una respuesta rápida y eficaz que se incrementa aún más en los episodios que afectan a viviendas principales, como es el caso. Aportar la máxima información disponible y confiar en la gestión de los profesionales que intervienen en el proceso, desde el bróker, correduría o agencia con el que ha gestionado la contratación de la póliza hasta los profesionales a los que la aseguradora ha solicitado intervención en el proceso, son algunas de las recomendaciones que daríamos a la hora de favorecer la labor del perito”.
Mejora de la normativa
¿Tenemos la normativa adecuada para evitar nuevos percances de este tipo? Puchades cree que, aunque la actual puede ser suficiente, es mejorable. Por ejemplo, apunta, “nos encontramos que en el interior de las viviendas tenemos cargas térmicas elevadas”, incluso superiores a las que había años atrás. Además, continúa, “si se comparan las medidas de prevención de edificios de viviendas con las medidas de prevención y protección pasiva frente a incendios en las industrias, hay grandes diferencias, por lo que sería recomendable implementar en edificios de determinada altura y con determinado riesgo, como es el caso de edificios de más de 10 plantas, o a partir de 6, la seguridad con alarmas o incluso que de forma individual, por viviendas, se haga uso de detectores de humo o dióxido de carbono. Estas modificaciones implican un estudio muy amplio y que implica años para el cambio”.
“Una forma de prevenir estos percances sería la realización de verificaciones de riesgo pormenorizadas que permitieran evaluar el comportamiento de los edificios en escenarios extremos, como es el incendio” (Benjamín López y Francisco Peydró)
Desde RTS, Ezcurra recuerda que, entre otras cosas, “el CTE no establece la obligatoriedad de que los edificios plurifamiliares estén dotados de sistemas de detección automáticos de incendios y, por extensión, de extinción, como sí obliga a los edificios públicos”. Por su parte, desde Sedgwick se apunta a “la existencia de mucho margen de mejora en relación con el mantenimiento de las edificaciones, en especial aquellas construidas con anterioridad al CTE, donde, tal vez, podría requerirse la realización de análisis más pormenorizados que los que actualmente son obligatorios”.
La concurrencia de seguros
Desde el punto de vista pericial, uno de los problemas añadidos que se generan en un siniestro como este es la concurrencia de seguros. Ello dificulta y retrasa, inevitablemente, la tramitación del siniestro. En este sentido, como indica Esther Puchades, “la gran dificultad del siniestro es que no es un único siniestro, son 138 siniestros de las viviendas más uno de la comunidad de propietarios. Es decir, hay 139 partes implicadas. Esto, inevitablemente, puede generar 139 interpretaciones del siniestro de las diferentes pólizas que haya, de las diferentes definiciones que contemple cada póliza con sus coberturas, incluso la situación de viviendas que no tienen seguro. Todo, además, se agrava por ser un edificio de 15 años en el que puede haber hipotecas con una duración superior a esos años, por lo que aquellas personas que estén en esta situación, con hipoteca, tienen esa segunda circunstancia añadida, aunque lo ideal sería que las entidades bancarias permitieran retrasar el pago de las mensualidades hasta que se clarifique la situación sin perjudicar a los propietarios más de lo que ya están”.
Daniel Ezcurra coincide en que esta concurrencia “dificulta de forma directa la delimitación de las preexistencias y adecuación de capitales, ya que cada aseguradora cuenta con unas condiciones particulares de aseguramiento y, por tanto, existen diferentes criterios de valoración e incluso distintos criterios de interpretar las garantías”.
Además, en muchos casos, “los beneficiarios suelen ser entidades bancarias que en su momento liberaron el crédito, por lo que el asegurado no sería el receptor real de la indemnización del continente, siendo beneficiario la entidad bancaria, por lo que el asegurado puede quedar sin indemnización y sin inmueble, quedando totalmente desamparado. En estos casos, es habitual que el capital declarado contenga un sobreseguro, ya que la entidad bancaria exige el aseguramiento por la totalidad del préstamo, es decir, por el coste del inmueble que sirve de aval (valor del vuelo y del suelo repercutido), mientras que las aseguradoras tan solo incluyen en su aseguramiento el valor de reconstrucción en el momento del siniestro (valor del vuelo). Además, son pocos los asegurados que a la hora de determinar el capital del continente tienen en cuenta que parte del mismo ya se encuentra contratado por la póliza de la comunidad”, continúa Ezcurra.
“Una demolición del edificio perjudicaría, frente a una rehabilitación, ya que siendo la indemnización máxima la suma asegurada, podría resultar insuficiente en el caso de la demolición y reconstrucción integrales” (Ester Puchades)
En estos casos de siniestro total, “estos excesos de capital vendrán a amparar las garantías complementarias (gastos de bomberos, desescombrado, tasas y licencias, etc.) y, no menor en este caso, la inhabitabilidad, aunque presumiblemente limitado temporalmente”. Además, “es habitual que estos siniestros se acaben judicializando, pues suelen establecerse responsabilidades solidarias o incluso subsidiarias, lo que dificulta sin duda posibles acciones de recobro prolongándose estas en el tiempo”. Por último, Ezcurra considera importante “que entre los peritos actuantes se establezcan criterios similares en relación con los precios unitarios de obra y a los criterios de depreciaciones”.
Siniestros como el de Campanar, añaden Benjamín López y Francisco Peydró, “son especialmente sensibles, con pérdida de vidas; las personas afectadas por siniestros de esta magnitud ven comprometidas no solo sus pertenencias, sino su forma de vida. Esto requiere de una atención cuidadosa y de un muy ágil seguimiento por parte del equipo pericial, de forma que el continuo contacto con la aseguradora posibilite la liquidación de los siniestros en base a las circunstancias definidas en las pólizas correspondientes en el menor tiempo posible. En este sentido, el perito debe ser visto como un agente cercano y accesible que dé tranquilidad y confianza al asegurado”.
APCAS se moviliza ante la tragedia
Desde el día siguiente de producirse el incendio que arrasó los dos edificios de viviendas del barrio de Campanar, la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) puso en marcha su maquinaria solidaria y comunicativa lanzando recomendaciones y proporcionando ayuda a aquellos afectados que lo requiriesen.
Ya en un primer comunicado, y tras trasladar las condolencias a las víctimas, se ofrecieron recomendaciones de cómo actuar tras el siniestro, como la rápida comunicación del mismo al seguro, confeccionar una relación de daños o solicitar la cesión bancaria en caso de hipoteca. Junto a ello, se pusieron a disposición de los afectados los teléfonos y correo electrónico de la asociación para cualquier tipo de consulta.
Así mismo, posteriormente se ofreció asistencia técnica gratuita para los perjudicados por medio de un teléfono y correo electrónico, además de una guía de procedimientos para la valoración de las preexistencias del siniestro, que se puso a disposición de todos los peritos de seguros y compañías aseguradoras para agilizar la resolución del mismo.
En definitiva, los Peritos de Seguros, a través de su asociación, APCAS, mostraron su solidaridad con un acontecimiento en el que su labor resulta fundamental para su resolución.
